IA y ciberdelitos: Retos legales y estrategias en Derecho Penal

En España, el marco normativo y las instituciones encargadas de la persecución del delito enfrentan el reto de adaptarse a una realidad en constante evolución. Los ciberdelincuentes emplean herramientas de IA para automatizar ataques, diseñar fraudes más convincentes y descubrir vulnerabilidades en sistemas complejos. La respuesta legal debe ser capaz no solo de sancionar la conducta delictiva, sino de prevenirla, mitigar sus daños y adaptarse a los avances tecnológicos.

Este artículo ofrece una visión integral sobre el impacto de la IA en los ciberdelitos, el marco legal español y europeo, las dificultades procesales, las estrategias de cooperación internacional y las medidas prácticas que pueden adoptar empresas y particulares. También analizamos los desafíos del compliance tecnológico y la importancia de contar con asesoramiento jurídico especializado.

La IA como catalizador de nuevas formas de ciberdelito

La IA dota a las máquinas de capacidades cognitivas, permitiendo a los sistemas aprender, razonar, planificar y tomar decisiones. Estas cualidades, aplicadas en el ámbito del cibercrimen, facilitan la creación de ataques más eficaces, adaptativos y difíciles de detectar.

Tipologías de Ciberdelitos con IA

• Phishing Avanzado: La IA permite analizar redes sociales, historiales de navegación y datos filtrados en la red para elaborar correos y mensajes extremadamente personalizados. Estos ataques aumentan las probabilidades de que las víctimas caigan en la trampa, revelen credenciales o datos bancarios, y comprometan información sensible.
• Deepfakes y Contenido Manipulado: La generación de videos, audios e imágenes falsos mediante IA plantea retos legales considerables. Los deepfakes pueden emplearse para difamar personas, cometer fraudes de identidad, extorsión o influir en procesos electorales, afectando así derechos fundamentales como la intimidad, el honor o la propia imagen.
• Malware Inteligente y Ransomware: El malware equipado con algoritmos de machine learning puede evadir con mayor facilidad las soluciones de seguridad tradicionales. Además, el ransomware-as-a-service (RaaS) se comercializa en la dark web, facilitando que delincuentes sin conocimientos técnicos lanzan ataques devastadores. España no ha sido ajena a estas amenazas, con casos de ransomware que han afectado a hospitales, administraciones y empresas de renombre.
• Ataques a Infraestructuras Críticas: El uso de IA para identificar vulnerabilidades en sistemas de energía, transporte, agua o sanidad pone en jaque la seguridad nacional y la integridad de los servicios esenciales. Un ciberataque exitoso a infraestructuras críticas puede generar consecuencias catastróficas, con interrupciones de servicios básicos y daños económicos y humanos.
• Fraude en el Comercio Electrónico y Dispositivos IoT: Los bots pueden acaparar productos exclusivos para su reventa, perjudicando a consumidores y marcas. En el IoT, la falta de medidas de seguridad robustas expone a millones de dispositivos a ser utilizados como nodos en ataques masivos de denegación de servicio (DDoS).

Casos destacados en España: Un panorama preocupante

La realidad nacional refleja la necesidad de elevar el nivel de protección y respuesta ante los ciberdelitos:

• Telefónica (2017):
  • Ataque: En mayo de 2017, Telefónica fue una de las principales víctimas del ataque global de ransomware WannaCry, que afectó a miles de equipos en más de 150 países.
  • Lección: Este incidente subrayó la importancia de mantener actualizados los sistemas y aplicar parches de seguridad.
• Cadena SER (2019):
  • Ataque: En noviembre de 2019, un ransomware interrumpió las emisiones de la emisora, cifrando sus archivos y afectando la continuidad de su programación.
  • Impacto: Demostró que los medios de comunicación también son un objetivo estratégico para los ciberdelincuentes.
• SEPE (2021):
  • Ataque: Un ataque de ransomware paralizó los sistemas del Servicio Público de Empleo Estatal durante semanas, dejando a miles de ciudadanos sin acceso a prestaciones sociales.
  • Importancia: Este incidente evidenció la vulnerabilidad de los sistemas gubernamentales y su impacto directo en la ciudadanía.
• Hospital Clínic de Barcelona (2023):
  • Ataque: Un ransomware comprometió los sistemas informáticos del hospital, dificultando la atención médica y el acceso a historiales clínicos.
  • Impacto: Este caso resaltó cómo los ciberdelincuentes pueden afectar servicios críticos y poner en riesgo la vida de las personas.
• Agencia Tributaria (2024):
  • Ataque: El grupo Trinity afirmó haber robado 560 GB de datos fiscales, exigiendo un rescate millonario. Aunque la Agencia negó brechas de seguridad, este incidente generó dudas sobre la protección de la información fiscal de millones de ciudadanos.
  • Lección: Recalcó la necesidad de reforzar las medidas de ciberseguridad para proteger información sensible.

El marco normativo español y europeo frente a los ciberdelitos

España cuenta con un entramado legal y administrativo para combatir el cibercrimen. Sin embargo, la naturaleza transnacional y cambiante de estas conductas exige un constante esfuerzo de actualización.

Código Penal y normas relevantes

• Reforma de 2015 del Código Penal: Se incorporaron nuevas figuras delictivas y se reforzaron las penas para delitos informáticos. El artículo 197 bis y ter aborda el acceso ilícito a sistemas y la interceptación de datos. El artículo 264 se centra en los daños informáticos, incluida la obstaculización grave de sistemas.
• Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD): Protege la información personal y establece sanciones ante vulneraciones de datos, un aspecto clave ante ataques que comprometen datos personales y sensibles.
• Leyes y Directivas Europeas: España adopta directivas y reglamentos europeos en materia de ciberseguridad y delitos informáticos. El Convenio de Budapest (2001), del Consejo de Europa, es el tratado internacional de referencia para armonizar legislaciones y facilitar la cooperación judicial. Además, la Directiva (UE) 2019/713 aborda el fraude y la falsificación de medios de pago no monetarios, mientras que la propuesta de la Ley de IA (AI Act) a nivel de la Unión Europea busca regular los usos de la IA, imponiendo responsabilidades a proveedores y usuarios de sistemas de alto riesgo.
• NIS2 y otras Iniciativas Europeas: La Directiva NIS2 actualiza el marco de ciberseguridad de la UE, reforzando las obligaciones de las entidades esenciales y relevantes en términos de gestión de riesgos y notificación de incidentes. Estas medidas se suman a la Estrategia de Ciberseguridad de la UE, los esfuerzos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y el Reglamento de Ciberresiliencia (CRA), que busca asegurar la seguridad de productos con elementos digitales en el mercado interior.

Responsabilidad de la IA y vacíos legales

La aparición de IA capaz de tomar decisiones sin intervención humana plantea cuestiones jurídicas complejas:

• ¿Quién responde penalmente?: Si una IA autónoma comete una acción perjudicial (por ejemplo, una manipulación automatizada de datos), la dificultad radica en atribuir responsabilidad. ¿Recae en el programador, en el proveedor de la IA, en la empresa que la implementa?
• Necesidad de regular la IA: El AI Act de la UE prevé obligaciones para desarrolladores y desplegadores de sistemas de IA, considerando su uso malicioso. Estas normas, una vez aprobadas, deberán integrarse en el ordenamiento interno de los Estados miembros, incluyendo España, fortaleciendo el marco penal y administrativo.

Retos procesales: Evidencia digital y prueba forense

La persecución de ciberdelitos potenciados por la IA implica dificultades en la obtención, preservación y presentación de pruebas:

• Admisibilidad y cadena de custodia: Las evidencias digitales deben ser obtenidas siguiendo estándares forenses que garanticen su integridad, autenticidad y fiabilidad. Las pericias informáticas, el uso de hash criptográficos y el seguimiento estricto de la cadena de custodia son esenciales para evitar la impugnación de pruebas en juicio.
• Contenidos manipulados y deepfakes: La existencia de deepfakes plantea el desafío de probar la autenticidad de un video o audio. Será necesario desarrollar técnicas forenses avanzadas y contar con expertos capaces de diferenciar contenido genuino de uno manipulado.
• Herramientas de análisis y la carga de la prueba: La identificación de autores suele ser compleja debido al uso de redes de anonimización, cifrado y servidores en el extranjero. El intercambio de información y la cooperación internacional resultan vitales para identificar y enjuiciar a los responsables.

Cooperación internacional y conflictos de jurisdicción

La mayoría de los ciberdelitos trascienden fronteras. Un atacante en otro país puede vulnerar sistemas en España utilizando servidores ubicados en un tercer Estado. Esta dispersión geográfica dificulta la persecución penal:

• Convenio de Budapest: El Convenio de Budapest facilita la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia, estableciendo un marco para la asistencia judicial mutua. Permite a los Estados firmantes, incluida España, recabar pruebas, solicitar la colaboración de otros países para identificar sospechosos, y en algunos casos, gestionar la extradición de ciberdelincuentes. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de cómo cada país implemente el Convenio y de la existencia de acuerdos bilaterales o multilaterales complementarios que refuercen esta cooperación.
• Europol, Eurojust y EPPO (Fiscalía Europea): Estas instituciones desempeñan un papel clave en la coordinación de investigaciones internacionales. Europol facilita el intercambio de información y coordina operaciones policiales transfronterizas, mientras que Eurojust apoya la creación de equipos conjuntos de investigación y coordina investigaciones judiciales complejas. La EPPO, aunque se centra principalmente en delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea, puede colaborar en casos de ciberdelitos relacionados con fraudes financieros transnacionales. No obstante, su alcance no incluye todos los casos de ciberdelincuencia.
• Acuerdos Bilaterales y Multilaterales: España cuenta con acuerdos específicos para facilitar la extradición de ciberdelincuentes, el acceso a datos almacenados en el extranjero y la asistencia judicial en materia penal. Sin embargo, estos acuerdos no siempre garantizan el acceso en tiempo real a datos o una rápida ejecución de la justicia, ya que dependen de las legislaciones y procesos judiciales de los Estados implicados.
• Retos de la Soberanía Digital: Las leyes de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y el uso de tecnologías de cifrado plantean desafíos significativos para la obtención de pruebas digitales. Estas tensiones, entre la privacidad y la seguridad pública, complican la persecución de ciberdelitos. La Unión Europea ha propuesto el marco de e-Evidence, diseñado para armonizar la obtención de pruebas electrónicas en casos transfronterizos, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, esta normativa aún está en proceso de desarrollo e implementación, lo que limita su aplicabilidad inmediata.

El papel del compliance y la prevención de riesgos en las empresas

La ciberseguridad ya no es un asunto exclusivamente técnico. Las empresas, conscientes de la responsabilidad penal y civil que puede derivarse de un ciberataque, están incorporando programas de compliance penal y ciberseguridad en su ADN corporativo:

• Programas de compliance digital: Incluir protocolos y políticas internas que describan la gestión de incidentes, la protección de datos personales, la formación del personal y la respuesta a ciberataques. Esta es una manera efectiva de prevenir delitos y demostrar diligencia en caso de incidentes.
• Formación y concienciación: Capacitar a empleados y directivos sobre buenas prácticas, identificación de correos de phishing, gestión segura de contraseñas y actualización de software. La conducta humana es muchas veces el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad.
• Auditorías y evaluaciones periódicas: Realizar pruebas de penetración (pentesting), auditorías de seguridad y revisiones de políticas internas. Esto permite detectar vulnerabilidades antes de que sean explotadas.
• Seguros cibernéticos: Asegurar la continuidad del negocio en caso de incidentes, cubriendo costes de recuperación, peritajes técnicos y asesoramiento legal.

La perspectiva del despacho de abogados especializado

En este entorno complejo, el despacho de abogados juega un papel imprescindible. La asesoría legal especializada en derecho penal, ciberseguridad y protección de datos aporta un valor añadido:

• Asesoramiento preventivo: Analizar los riesgos legales, elaborar estrategias de cumplimiento normativo y redactar contratos con proveedores de servicios tecnológicos que incluyan cláusulas de seguridad y responsabilidad.
• Intervención ante incidentes: En caso de ciberataque, el abogado orienta a la empresa o a la persona afectada para denunciar ante las autoridades competentes, interactuar con peritos informáticos, negociar con aseguradoras y salvaguardar los derechos de la víctima.
• Litigios y defensa penal: Cuando la causa llega a los tribunales, el despacho asume la defensa jurídica o la acusación particular, aportando argumentos sólidos, evidencias forenses y estrategias procesales para lograr una resolución justa.
• Actualización jurídica y tecnológica: Los profesionales del derecho deben mantenerse al día con las últimas tendencias tecnológicas y las reformas legislativas en el ámbito digital. La asistencia a foros, seminarios y la participación en redes internacionales de expertos es fundamental.

Conclusión

La inteligencia artificial, combinada con la malevolencia de actores criminales, conforma un escenario dinámico y complejo. España, al igual que el resto de Europa, debe reforzar su marco legal, mejorar la cooperación internacional, formar a sus profesionales y fomentar una cultura de ciberseguridad en todos los ámbitos.

El rol del despacho de abogados es estratégico,ofreciendo asesoramiento preventivo, asistencia en el momento de crisis y representación legal en conflictos penales o civiles derivados de actos ilícitos en el entorno digital. La anticipación, la formación y la cooperación son las claves para enfrentar estos desafíos.

En un mundo cada vez más conectado y dependiente de la tecnología, la seguridad jurídica y la ciberseguridad van de la mano. La IA es una herramienta poderosa que, bien regulada y supervisada, puede aportar progreso y bienestar. Pero sin los adecuados contrapesos legales, éticos y técnicos, puede alimentar las tácticas más sofisticadas del cibercrimen.

¿Necesita asesoramiento especializado en ciberdelitos e IA?

En Lambda Estudio Jurídico, somos expertas en derecho penal aplicado al ámbito digital. Ofrecemos soluciones legales adaptadas a las necesidades de empresas y particulares, desde la defensa ante ciberataques hasta la implementación de programas de compliance digital. Si necesita asesoramiento estratégico o representación legal en casos relacionados con ciberdelitos, contáctenos. Nuestra meta es ayudarle a navegar con seguridad en la era digital.