En la era digital actual, grabar una conversación es tan fácil como pulsar un botón en el móvil. Pero ¿hasta qué punto es legal hacerlo? ¿Puedo grabar una charla con mi jefe o mi expareja sin avisarle? ¿Y si me graban a mí sin saberlo? Estas son preguntas que recibimos con frecuencia en Lambda Estudio Jurídico, nuestro despacho de abogadas en Bilbao, especialmente en contextos familiares, civiles o penales.
Durante la última década (2015-2025), han surgido múltiples casos mediáticos en España –algunos de enorme repercusión política y judicial– que han puesto en el centro del debate los límites legales de las grabaciones de audio. Figuras como José Manuel Villarejo, Koldo García, José Luis Ábalos o Santos Cerdán han protagonizado noticias y causas judiciales basadas en grabaciones comprometedoras, lo que ha generado un creciente interés ciudadano por saber qué se puede y no se puede grabar, y en qué circunstancias esas grabaciones pueden usarse ante un juez.
El verano es época de vacaciones, planes improvisados, escapadas a la playa… y, por desgracia, también de estafas relacionadas con el alquiler de apartamentos turísticos. En los últimos años han aumentado considerablemente los casos de personas que, al buscar un alojamiento vacacional, acaban pagando por un apartamento que no existe, que está ya alquilado, o cuyo supuesto arrendador desaparece tras recibir el dinero.
En Lambda Estudio Jurídico, despacho de abogadas en Bilbao, hemos tramitado diversos casos de este tipo, y sabemos lo frustrante que puede ser descubrir que has sido víctima de un engaño cuando ya tenías las maletas hechas. Por eso hemos elaborado esta guía completa y actualizada, con el objetivo de ayudarte a detectar los fraudes más comunes, protegerte antes de reservar y, si ya has sido víctima, actuar con rapidez y eficacia.
La suplantación de identidad digital es una actividad ilícita en la que alguien se hace pasar por otra persona (usando sus datos o cuentas) para obtener beneficios o cometer delitos en su nombre. En otras palabras, el estafador toma prestada la “cara digital” de la víctima: puede utilizar su DNI, número de teléfono, perfiles en redes sociales o cuentas de mensajería para engañar a terceros. Se trata de un delito grave en España —tipificado como usurpación de estado civil en el Código Penal— que puede conllevar penas de 6 meses a 3 años de prisión para el autor. Lamentablemente, con la masificación de Internet y los smartphones, estos casos han ido en aumento y cualquier persona (no solo figuras públicas) puede ser víctima de este tipo de fraude.
En Lambda Estudio Jurídico, despacho de abogadas en Bilbao, seguimos de cerca el debate sobre la acusación popular, una figura clave en nuestro Derecho que permite a cualquier ciudadano defender el interés público en procesos penales, incluso sin ser víctima directa. A continuación, analizamos la relevancia de la acusación popular, repasamos casos clave en los que ha sido decisiva y exploramos el impacto que podrían tener los cambios propuestos.
La inteligencia artificial (IA) ha acelerado la transformación digital de nuestras sociedades, permeando campos tan diversos como la medicina, la educación, las finanzas y el comercio. No obstante, con el potencial de la IA para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones, también surgen nuevos riesgos y vulnerabilidades. Entre ellos destacan los ciberdelitos potenciados por la IA, un fenómeno que plantea difíciles interrogantes al Derecho penal y a la ciberseguridad.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es uno de los cambios más relevantes del derecho español reciente. Hasta 2010, solo respondían penalmente las personas físicas; las empresas podían quedar expuestas a responsabilidad civil o administrativa, pero no penal. Con la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 —y su consolidación en 2015 (LO 1/2015)— se introdujo un régimen específico que permite imputar y condenar a sociedades, asociaciones y fundaciones por delitos cometidos en su seno.
En nuestro artículo “Delito por conducción bajo los efectos del alcohol” os hablamos sobre uno de los “delitos estrella” contra la seguridad vial. En el artículo de hoy, te explicaremos otro de los clásicos: la conducción sin licencia.
Imagina que estás en una situación en la que has sido víctima de violencia de género. El proceso judicial puede ser abrumador y, en algunos casos, puede que no desees testificar contra tu agresor debido a la relación personal que os une. Es aquí donde entra en juego el derecho a la dispensa. Este derecho permite a ciertas personas no declarar contra el procesado, una protección legal especialmente relevante en los casos de violencia de género. A continuación, exploramos en detalle qué implica este derecho, quién puede acogerse a él y cuáles son sus consecuencias en el procedimiento penal.
En muchos de los procedimientos que atendemos durante las guardias de juzgado, los delitos contra la seguridad vial son una constante. Entre estos, el más común es el que se sigue contra personas que conducen un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conocido popularmente como delito de alcoholemia. Este tipo de delito no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de otros usuarios de la vía. En este artículo, exploraremos en detalle el procedimiento legal que se sigue en estos casos, las posibles consecuencias para los infractores y los derechos que tienen a lo largo del proceso.
La popularmente conocida como “Ley del solo Sí es Sí” es en realidad la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Aunque su objetivo principal no es modificar el código penal, introduce importantes cambios a través de su disposición final cuarta. Esta ley tiene como finalidad implementar políticas efectivas y coordinadas entre las distintas administraciones públicas para prevenir, detectar y sancionar las violencias sexuales, y proporcionar medidas de protección integral a las víctimas. Si necesitas asesoramiento especializado sobre cómo estas modificaciones pueden afectarte, en Lambda Estudio Jurídico, en Bilbao, estamos aquí para ayudarte a resolver cualquier duda legal.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula dos herramientas fundamentales para la protección de las víctimas de violencia de género y violencia familiar: la orden de protección y la medida cautelar de alejamiento. Aunque ambas buscan garantizar la seguridad de las víctimas, presentan diferencias clave en su aplicación y efectos legales. A lo largo de este artículo profundizaremos en las figuras jurídicas recogidas en los artículos 544 bis y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, analizando las diferencias entre la medida cautelar de alejamiento y la orden de protección, y cómo ambas resultan esenciales para salvaguardar la seguridad de las víctimas.
Cuando un cliente es condenado a una pena de prisión en un procedimiento penal, la primera pregunta que nos hace es: “¿Tengo que entrar en prisión?”. Esta inquietud es especialmente común entre aquellos que han cometido delitos siendo menores de edad y ahora enfrentan condenas en la jurisdicción penal ordinaria. La buena noticia es que, en muchos casos, la respuesta no es tan sencilla como un “sí” o un “no”. La posibilidad de evitar la entrada en prisión depende de varias circunstancias específicas del caso y de ciertos requisitos legales que deben cumplirse. Entender estos requisitos y cómo se aplican a tu situación particular es esencial para explorar las opciones disponibles y evitar la cárcel si es posible.
Las dilaciones indebidas son una atenuante en un proceso penal que hace que se rebaje la pena por la tardanza en celebrarse la vista del juicio oral. Es un derecho de cada ciudadano a tener un juicio dentro de un plazo razonable y sin retrasos injustificados, estando recogido en los artículos 5.3 y 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 24.2 de nuestra Constitución.
Comprender cómo se aplica esta atenuante y en qué situaciones es relevante puede ser vital para la defensa en un proceso penal. En este artículo, exploraremos en detalle qué son las dilaciones indebidas, cómo se determinan y qué implicaciones tienen.
En Lambda Estudio Jurídico en Bilbao, consideramos de importancia conocer los derechos fundamentales cuando uno se encuentra en una situación de detención. Estos derechos están claramente regulados en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). A continuación, te explicamos en detalle estos derechos y cómo deben ser respetados.
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