Regulación y relevancia del derecho a la última palabra
El artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: Terminadas la acusación y la defensa, el presidente preguntará a los procesados si tienen algo que manifestar al Tribunal. Al que contestare afirmativamente, le será concedida la palabra. El presidente cuidará de que los procesados al usarla no ofendan la moral ni falten al respeto debido al Tribunal ni a las consideraciones correspondientes a todas las personas, y que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles la palabra en caso necesario.
A pesar de lo escueto en su regulación, no cabe duda de que se trata de un trámite esencial vinculado por el Tribunal Constitucional al derecho de defensa, gozando así de relieve constitucional (STC 91/2000, de 30 de marzo, entre otras). El derecho de defensa comprende, junto con la asistencia de letrado libremente designado o nombrado de oficio, también el derecho del acusado a defenderse personalmente. Se diferencia del interrogatorio en que durante este último el acusado no posee la iniciativa y en que, además, el derecho a la última palabra tiene lugar al final del juicio, siendo conocedor el acusado del desarrollo de las incidencias y la práctica de la prueba.
Contenido y limitaciones del derecho a la última palabra
Durante el juicio oral ante la Audiencia Provincial de Madrid, en un caso donde se acusaba a un Brigada del Ejército de Tierra por el delito de depósito de armas de guerra, surgió un conflicto entre el acusado y la Presidenta del tribunal. Esta advirtió al acusado que no era momento de valorar la prueba, sino de introducir datos nuevos y relevantes. El acusado intentaba contradecir, complementar, matizar o rectificar algunas cuestiones, pero la Presidenta insistió en que la valoración de la prueba correspondía exclusivamente a la defensa letrada. No se permitió al acusado matizar a los peritos, argumentando que esos temas correspondían al abogado y no al acusado. La postura de la sala era clara: la última palabra no estaba diseñada para valorar o contradecir la prueba, sino para aportar cuestiones nuevas y no tratadas previamente.
Sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho a la última palabra
La defensa del acusado, que fue condenado por la Audiencia Provincial, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, alegando la vulneración del derecho a la última palabra. La sala de lo penal del Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 659/2021 de fecha 06/09/2021, acogió el motivo planteado por la defensa y ordenó reponer las actuaciones a un momento anterior a la celebración del juicio para que se celebrase de nuevo, entendiendo que la interpretación del artículo 739 que permite solo añadir ideas no se corresponde con la legalidad.
Según el Tribunal Supremo, el derecho a la última palabra otorga al acusado la oportunidad de contradecir o someter a contraste todo el proceso probatorio, añadir lo que estime pertinente para su mejor defensa y facilitar la explicación que considere más ajustada a sus pretensiones. Se trata de que lo último que oiga el órgano judicial antes de dictar sentencia sean precisamente las manifestaciones del propio acusado, quien en ese momento asume personalmente su defensa y puede matizar, completar o rectificar todo lo que considere conveniente.
Conclusión
El derecho a la última palabra es una garantía fundamental en el proceso penal, que permite al acusado participar activamente en su defensa hasta el final del juicio. En Lambda Estudio Jurídico, nuestro equipo de abogadas en Bilbao está comprometido con la defensa de los derechos de nuestros clientes, asegurando que se respeten todas las garantías procesales en cada caso.
