En Euskadi, y especialmente en partidos judiciales con una carga relevante como Bilbao y Bizkaia, estas medidas forman parte del trabajo diario de juzgados, Fiscalía, Ertzaintza, servicios sociales y equipos de atención a víctimas. Son frecuentes en procedimientos de violencia de género, violencia doméstica, amenazas, lesiones, coacciones, acoso, delitos contra la libertad sexual y otros delitos en los que puede existir riesgo para la víctima.
Por su naturaleza, esta materia conecta directamente con el derecho penal y, cuando existen hijos, vivienda familiar, custodia o medidas civiles urgentes, también con el derecho de familia. Por eso conviene analizar cada caso de forma conjunta, especialmente cuando una denuncia penal puede afectar también a la organización familiar.
En este artículo explicamos qué es una orden de protección, qué medidas puede incluir, cuándo puede acordarse, cuánto puede durar, qué consecuencias tiene su incumplimiento y qué ocurre en situaciones prácticas como la existencia de hijos menores, el contacto por WhatsApp o los encuentros casuales entre la víctima y la persona obligada a mantenerse alejada.
- Qué es una orden de protección penal
- Qué puede incluir una orden de protección
- La orden limita a la persona investigada o condenada, no a la víctima
- Cuándo se puede acordar una orden de protección
- Quién puede solicitar una orden de protección
- La orden de protección como medida cautelar
- Orden de protección y prohibiciones como pena en sentencia
- Qué pasa con los hijos y el régimen de visitas
- Qué ocurre si se incumple una orden de protección
- El consentimiento de la víctima no elimina la orden
- Encuentros casuales: qué debe hacer la persona que tiene la orden
- Cómo se controla el cumplimiento en Euskadi
- Datos recientes sobre órdenes de protección y violencia contra las mujeres en Euskadi
- Aspectos prácticos que conviene tener claros
- Preguntas frecuentes sobre órdenes de protección en Euskadi
- ¿Cuánto dura una orden de protección?
- ¿Puede una orden de protección durar varios años?
- ¿Puede la víctima pedir que se quite la orden?
- ¿Qué pasa si la víctima escribe primero?
- ¿Puede haber quebrantamiento si el encuentro fue casual?
- ¿Puede el investigado ver a sus hijos si tiene una orden respecto de la madre?
- ¿Qué ocurre si se incumple la orden por WhatsApp?
- ¿La orden aparece en algún registro?
- ¿Es necesario abogado para solicitar una orden de protección?
- Conclusión
- Fuentes consultadas
Qué es una orden de protección penal
Una orden de protección penal es una resolución judicial dirigida a proteger a una víctima frente a una situación de riesgo. Puede incluir distintas prohibiciones y medidas, según las circunstancias del caso y la valoración judicial.
Entre las medidas más habituales se encuentran la prohibición de aproximarse a la víctima, la prohibición de comunicarse con ella, la prohibición de acudir a determinados lugares y la prohibición de residir en determinados municipios, barrios, provincias o comunidades autónomas, cuando sea necesario para garantizar la protección.
La medida puede acordarse de forma cautelar, mientras se investiga el delito y antes de que exista sentencia firme. También puede existir después de una condena, cuando la sentencia impone como pena determinadas prohibiciones de aproximación, comunicación o residencia.
La idea es sencilla: si existen indicios de un delito y una situación objetiva de riesgo, el juzgado puede crear una barrera legal entre la víctima y la persona investigada o condenada. Esa barrera no es simbólica. Su incumplimiento puede dar lugar a un nuevo delito de quebrantamiento.
El artículo 48 del Código Penal regula las prohibiciones de residir en determinados lugares, acudir a ellos, aproximarse a la víctima o comunicarse con ella. La prohibición de aproximación impide acercarse a la víctima, a sus familiares o a las personas que determine el juez, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, lugar de trabajo u otros lugares frecuentados por ellas.
La prohibición de comunicación también es amplia. No se limita a llamar por teléfono. Abarca cualquier medio de contacto: mensajes de WhatsApp, SMS, correo electrónico, redes sociales, cartas, llamadas perdidas, mensajes a través de terceras personas o cualquier otro canal escrito, verbal, visual, informático o telemático.
Qué puede incluir una orden de protección
El contenido concreto depende de cada caso, pero una orden de protección puede incluir una o varias de estas medidas:
- Prohibición de aproximación a la víctima a una distancia concreta, por ejemplo 200, 300 o 500 metros. Es lo que habitualmente se conoce como orden de alejamiento.
- Prohibición de comunicación por cualquier medio directo o indirecto.
- Prohibición de acudir al domicilio, lugar de trabajo, centro de estudios u otros espacios frecuentados por la víctima.
- Prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia o comunidad autónoma, cuando resulte necesario para proteger a la víctima.
- Retirada de armas, cuando proceda por el tipo de riesgo apreciado.
- Control mediante dispositivos telemáticos, especialmente en supuestos de mayor riesgo o cuando el juzgado lo acuerde de forma motivada.
- Medidas civiles urgentes, en los casos en que proceda, como uso de la vivienda familiar, guarda y custodia, régimen de visitas o alimentos.
- Medidas asistenciales y de protección social, vinculadas al reconocimiento de la situación de víctima y al acceso a recursos públicos.
La orden puede proteger no solo a la víctima directa, sino también a familiares, hijos u otras personas cercanas cuando el juzgado lo considere necesario. En violencia de género y violencia doméstica es frecuente que la protección se extienda al domicilio familiar, al entorno de los menores y a otros lugares que puedan suponer riesgo de contacto.
La orden limita a la persona investigada o condenada, no a la víctima
Este punto es importante. La orden de protección restringe la libertad de la persona obligada a mantenerse alejada, no la libertad de la víctima. La víctima no tiene que dejar de acudir a sus lugares habituales ni modificar su vida para facilitar el cumplimiento de la medida.
Si ambas personas coinciden por casualidad en un espacio público, quien debe marcharse es la persona que tiene la orden en contra. El Tribunal Supremo ha confirmado que, en un encuentro fortuito, la obligación de resolver la situación recae sobre quien tiene limitada su libertad deambulatoria. No basta con quedarse quieto y no hablar. Si permanece en el mismo lugar y no se aparta, puede cometer un delito de quebrantamiento.
Cuándo se puede acordar una orden de protección
La orden de protección puede acordarse cuando se investiga o se ha condenado por delitos en los que exista una víctima que necesite protección. El artículo 57 del Código Penal permite imponer las prohibiciones del artículo 48 en delitos como homicidio, lesiones, delitos contra la libertad, torturas, delitos contra la integridad moral, trata de seres humanos, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, delitos contra la intimidad, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones familiares, entre otros.
En la práctica, las órdenes de protección aparecen con especial frecuencia en estos supuestos:
- Violencia de género en relaciones de pareja o expareja.
- Violencia doméstica entre familiares o personas convivientes.
- Lesiones, amenazas, coacciones o acoso.
- Agresiones sexuales y otros delitos contra la libertad sexual.
- Delitos contra la integridad moral, trato degradante o acoso reiterado.
- Supuestos en los que existe riesgo de presión sobre la víctima o de reiteración delictiva.
No basta con que exista una denuncia. El juzgado debe valorar si hay indicios suficientes y una situación de riesgo que justifique la medida. Esa valoración depende de los hechos denunciados, los antecedentes, la gravedad de la conducta, la relación entre las partes, la existencia de amenazas, partes médicos, mensajes, testigos, informes policiales y cualquier otro elemento relevante.
Quién puede solicitar una orden de protección
La orden puede solicitarla la víctima, su defensa, el Ministerio Fiscal o, en determinados casos, familiares o personas vinculadas a la víctima. También puede acordarse de oficio por el juzgado si aprecia riesgo.
En casos de violencia de género o violencia doméstica, la orden de protección puede solicitarse ante el juzgado, la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima, los servicios sociales o instituciones asistenciales. La solicitud debe remitirse de forma inmediata al juzgado competente.
En Euskadi, la Ertzaintza informa a la víctima de sus derechos, puede recoger la denuncia, realizar una valoración policial del riesgo, adoptar medidas de protección y solicitar la intervención judicial cuando proceda. Además, puede activar medidas de seguimiento incluso cuando no exista todavía una orden judicial, si tiene conocimiento de una situación de riesgo.
La orden de protección como medida cautelar
Durante la fase de investigación, el juzgado puede acordar medidas de protección de forma cautelar. Esta posibilidad está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y permite adoptar prohibiciones de residencia, aproximación, comunicación o acceso a determinados lugares cuando resulten necesarias para proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva.
Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2026, el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez o tribunal imponer cautelarmente, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario para proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva, varias prohibiciones: residir en determinados lugares, acudir a ellos, aproximarse a determinadas personas o comunicarse con ellas.
La reforma también añade que, para adoptar estas medidas, deben tenerse en cuenta la situación económica del investigado y sus circunstancias de salud, familiares y laborales. Esto no significa que la protección de la víctima quede en segundo plano. Significa que el juzgado debe graduar la medida con proporcionalidad, sin perder de vista su finalidad principal: evitar el riesgo.
Si la persona investigada incumple la medida cautelar, el juzgado puede convocar una comparecencia para valorar medidas más gravosas, incluida la prisión provisional, además de deducir testimonio por un posible delito de quebrantamiento.
Orden de protección y prohibiciones como pena en sentencia
Cuando el procedimiento penal termina con condena, la sentencia puede imponer una prohibición de aproximación, residencia o comunicación como pena. En determinados delitos, especialmente cuando la víctima pertenece al ámbito familiar o de pareja, la imposición de estas prohibiciones es habitual y, en algunos supuestos, obligatoria.
El artículo 57 del Código Penal establece que estas prohibiciones pueden imponerse por un tiempo máximo de 10 años si el delito es grave, o de 5 años si el delito es menos grave. También pueden imponerse por hasta 6 meses en delitos leves incluidos en el ámbito del precepto.
Cuando la persona condenada recibe una pena de prisión, la prohibición puede fijarse por un tiempo superior al de la prisión: entre 1 y 10 años más si el delito es grave, o entre 1 y 5 años más si es menos grave. En estos casos, la pena de prisión y la prohibición se cumplen simultáneamente.
Por ejemplo, si una persona es condenada a 2 años de prisión y a 5 años de alejamiento, el plazo de alejamiento empieza a computar durante el cumplimiento de la pena de prisión. Si cumple esos 2 años en prisión, al salir todavía podrían quedar 3 años de alejamiento.
Qué pasa con los hijos y el régimen de visitas
La existencia de una orden de protección puede afectar de forma directa al régimen de visitas, comunicación y estancia con los hijos menores, pero no debe resolverse con frases automáticas. Hay que analizar qué dice exactamente la resolución judicial, si los menores están incluidos como personas protegidas, qué riesgo se ha apreciado y qué medidas civiles se han adoptado.
El artículo 48 del Código Penal establece que la prohibición de aproximarse a la víctima deja en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que se hubiera reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de la pena, cuando así resulte afectado por la medida.
Además, el artículo 94 del Código Civil dispone que no procederá establecer un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de sus hijos. También se suspenderá cuando la autoridad judicial aprecie indicios fundados de violencia doméstica o de género.
Ahora bien, en la práctica judicial hay que estudiar caso por caso. Puede haber procedimientos en los que se mantenga algún tipo de relación con los menores si el juzgado entiende que puede realizarse sin riesgo y con las cautelas necesarias. En otros casos, el contacto quedará suspendido o muy limitado, especialmente si los menores están incluidos en la orden de protección, si existe riesgo directo para ellos o si cualquier visita obliga a generar contacto entre las partes.
Cuando además existe separación, divorcio o ruptura de pareja con hijos menores, la orden de protección puede cruzarse con procedimientos de divorcio en Bilbao, medidas paternofiliales, custodia, uso de la vivienda familiar y régimen de visitas. En estos casos, no basta con mirar la resolución penal de forma aislada: hay que comprobar cómo afecta a la organización familiar y si existe ya una resolución civil previa.
También pueden surgir problemas cuando una de las partes no cumple lo acordado sobre los menores. En ese contexto, puede ser útil revisar nuestro artículo sobre incumplimiento del régimen de visitas, aunque en los casos con violencia o riesgo para la víctima siempre debe prevalecer la resolución judicial vigente y la protección de los menores.
En la práctica, si existe una orden de protección respecto de la madre y hay hijos menores, el juzgado debe organizar cualquier posible comunicación de forma que no se produzca contacto entre las partes. Si el riesgo afecta también a los menores, o si la orden los incluye como personas protegidas, el contacto puede quedar suspendido.
Qué ocurre si se incumple una orden de protección
El incumplimiento de una orden de protección no es una simple desobediencia menor. Puede constituir un delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar, previsto en el artículo 468 del Código Penal.
Las consecuencias dependen del tipo de medida incumplida y del contexto del caso:
- Con carácter general, el quebrantamiento de una condena, medida de seguridad o medida cautelar puede castigarse con prisión de 6 meses a 1 año si la persona estaba privada de libertad, o con multa de 12 a 24 meses en los demás casos.
- Cuando se quebranta una pena del artículo 48 del Código Penal o una medida cautelar similar en procesos en los que la víctima sea una de las personas del artículo 173.2 del Código Penal, la pena es de prisión de 6 meses a 1 año.
- Si se inutilizan, manipulan o perturban dispositivos técnicos de control, o si la persona obligada no los lleva consigo o no los mantiene correctamente, puede imponerse multa de 6 a 12 meses.
Esto significa que un mensaje, una llamada, una visita al domicilio, una aparición en el lugar de trabajo o un acercamiento aparentemente casual pueden acabar en una nueva causa penal. El quebrantamiento, además, puede influir en la valoración del riesgo y llevar al juzgado a acordar medidas más restrictivas.
Si el incumplimiento deriva en una detención, también entran en juego las garantías propias de cualquier procedimiento penal. Por eso, además de analizar el posible quebrantamiento, conviene conocer los derechos del detenido y actuar con asistencia letrada desde el primer momento.
El consentimiento de la víctima no elimina la orden
Una de las dudas más frecuentes es si la víctima puede permitir el contacto o “perdonar” la orden. La respuesta es clara: no.
La orden de protección es una resolución judicial. Mientras esté vigente, debe cumplirse. La víctima no puede autorizar legalmente a la persona investigada o condenada a acercarse, llamarla, escribirle o volver a convivir con ella. Aunque exista consentimiento, reconciliación o convivencia voluntaria, la persona obligada por la orden puede cometer un delito de quebrantamiento.
Esta cuestión suele confundirse con otras figuras procesales, como el derecho a la dispensa de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, son planos distintos: una cosa es que la víctima pueda acogerse o no a la dispensa de declarar en determinados supuestos, y otra muy diferente que pueda dejar sin efecto una orden judicial. La orden sigue vigente hasta que el juzgado la modifique, la levante o se cumpla el plazo establecido.
Solo el juzgado puede modificar, levantar o dejar sin efecto la medida. Para ello debe existir una resolución judicial expresa. Retirar la denuncia, cambiar de opinión o reanudar una relación no cancela automáticamente una orden de protección.
Encuentros casuales: qué debe hacer la persona que tiene la orden
Puede ocurrir que víctima y persona investigada o condenada coincidan en un supermercado, una calle, un bar, un centro médico, un evento familiar o cualquier otro espacio. Si la coincidencia es realmente casual, la clave está en la reacción posterior.
La persona que tiene la orden debe marcharse de inmediato. No debe hablar con la víctima, no debe acercarse, no debe quedarse en el mismo lugar y no debe esperar a que sea ella quien se vaya.
El Tribunal Supremo ha confirmado que, en estos casos, la obligación de apartarse corresponde a quien tiene la prohibición. La víctima no tiene restringida su libertad de movimiento. La conducta prohibida puede producirse tanto por acción —acercarse— como por omisión —no retirarse cuando se ha producido una coincidencia casual—.
Cómo se controla el cumplimiento en Euskadi
El control de las órdenes de protección combina intervención judicial, seguimiento policial y, en su caso, medios tecnológicos.
En Euskadi, la Ertzaintza trabaja la violencia doméstica y de género a través del sistema EBA, que permite registrar, valorar y seguir los casos conocidos. La propia Ertzaintza explica que cualquier persona víctima de violencia doméstica o de género en Euskadi debe ser tratada y protegida de la misma manera, con independencia del lugar en el que se encuentre o del cuerpo policial que le esté dando apoyo.
En casos de mayor riesgo, pueden utilizarse dispositivos telemáticos de control. También existen servicios como ATENPRO, que ofrece atención inmediata las 24 horas del día y los 365 días del año a víctimas de violencia contra las mujeres mediante tecnología telefónica móvil y telelocalización.
La víctima debe comunicar cualquier incumplimiento: llamadas, mensajes, acercamientos, presencia en lugares prohibidos, contactos a través de terceros o movimientos sospechosos. Si hay riesgo inmediato, debe llamarse al 112.
Datos recientes sobre órdenes de protección y violencia contra las mujeres en Euskadi
Según los datos anuales de 2025 publicados por el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de Violencia sobre la Mujer en el País Vasco registraron 7.147 denuncias, un 7,1 % más que en 2024. También se contabilizaron 6.890 víctimas, un 6,8 % más que el año anterior.
En cuanto a las órdenes de protección, los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Euskadi registraron 1.212 órdenes de protección en 2025, un 14,8 % más que en 2024. De ellas, 817 fueron adoptadas y 383 denegadas. A esas cifras hay que añadir las órdenes tramitadas en juzgados de guardia: 480, de las que 263 fueron aceptadas y 217 denegadas.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en Euskadi se situó en 59,9 en 2025, por debajo de la media estatal, que fue de 74.
Por su parte, Eustat recogió 7.118 victimaciones de violencia contra las mujeres en 2024 en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Estos datos no significan que todos los procedimientos terminen con una orden de protección, pero muestran la importancia práctica de estas medidas y la necesidad de que víctimas, investigados y familias entiendan bien su alcance.
Aspectos prácticos que conviene tener claros
La distancia la fija el juzgado
No existe una distancia única en la ley. El juzgado fija la distancia atendiendo al riesgo, el tipo de delito, el lugar de residencia, el entorno laboral, la existencia de hijos, el tamaño del municipio y las circunstancias concretas. Pueden fijarse 200, 300, 500 metros u otra distancia.
La orden puede afectar al domicilio familiar
Si víctima y agresor convivían, la medida puede impedir al investigado o condenado volver al domicilio, aunque sea propietario o cotitular. En una orden de protección también puede atribuirse provisionalmente el uso de la vivienda a la víctima.
Puede prohibirse residir en determinados lugares
La orden no tiene por qué limitarse a una distancia en metros. Cuando sea necesario para proteger a la víctima, puede incluir la prohibición de residir o acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias o comunidades autónomas. Esta medida puede ser relevante cuando las partes viven en el mismo entorno o cuando la proximidad territorial hace imposible garantizar la protección con una simple distancia mínima.
El contacto indirecto también puede ser quebrantamiento
No solo se incumple la orden llamando o acercándose físicamente. También puede quebrantarse mediante mensajes enviados por familiares, amistades, nuevas parejas, perfiles falsos, redes sociales o cualquier vía destinada a contactar con la víctima.
Las redes sociales cuentan
Un mensaje privado, una reacción insistente, una mención, un comentario o una publicación dirigida a la víctima pueden ser problemáticos si existe prohibición de comunicación. En caso de duda, lo prudente es no realizar ningún acto que pueda interpretarse como contacto.
Solo el juez puede modificar la orden
Ni la víctima, ni la Policía, ni las partes por acuerdo privado pueden dejar sin efecto una orden de protección. Si se quiere solicitar su modificación, debe hacerse ante el juzgado, con asistencia letrada y aportando los elementos que justifiquen el cambio.
El incumplimiento puede agravar la situación procesal
Un quebrantamiento puede dar lugar a una nueva causa penal y también puede influir en la valoración del riesgo. En determinados casos, puede llevar a que el juzgado acuerde medidas más restrictivas.
Preguntas frecuentes sobre órdenes de protección en Euskadi
¿Cuánto dura una orden de protección?
Depende. Si es una medida cautelar, puede durar hasta que termine el procedimiento penal o hasta que el juzgado la modifique o la deje sin efecto. Si es una pena impuesta en sentencia, tendrá la duración fijada en la propia resolución, dentro de los límites del Código Penal.
¿Puede una orden de protección durar varios años?
Sí. Como pena, puede alcanzar hasta 10 años en delitos graves y hasta 5 años en delitos menos graves. Si va unida a una pena de prisión, puede fijarse por un tiempo superior al de la prisión, dentro de los márgenes previstos legalmente.
¿Puede la víctima pedir que se quite la orden?
Puede solicitarlo o manifestar su posición ante el juzgado, pero no decide por sí sola. La orden solo puede ser modificada o levantada por resolución judicial.
¿Qué pasa si la víctima escribe primero?
La persona que tiene prohibido comunicarse no debe responder. Aunque la víctima inicie el contacto, la orden sigue vigente y la respuesta puede constituir quebrantamiento.
¿Puede haber quebrantamiento si el encuentro fue casual?
Sí, si la persona obligada a mantenerse alejada no se marcha en cuanto advierte la presencia de la víctima. El encuentro casual puede no ser delictivo por sí mismo, pero permanecer en el lugar puede serlo.
¿Puede el investigado ver a sus hijos si tiene una orden respecto de la madre?
Depende de lo que haya acordado el juzgado. Puede haber casos en los que se mantenga algún régimen de visitas con cautelas, y otros en los que el contacto quede suspendido o limitado. Si para ver a los hijos es necesario contactar con la madre, deberá articularse una vía judicial o supervisada que no vulnere la orden.
¿Qué ocurre si se incumple la orden por WhatsApp?
Un mensaje de WhatsApp puede ser suficiente para denunciar un quebrantamiento si existe prohibición de comunicación. Conviene conservar capturas, exportar la conversación si procede y ponerlo en conocimiento de la Policía o del juzgado.
¿La orden aparece en algún registro?
Las órdenes de protección y medidas cautelares se comunican a los registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y a los puntos de coordinación correspondientes, para facilitar la protección y el seguimiento institucional.
¿Es necesario abogado para solicitar una orden de protección?
La víctima puede denunciar y solicitar protección ante la Policía, el juzgado, Fiscalía u oficinas de atención a víctimas. En casos de violencia de género, tiene derecho a asistencia jurídica gratuita especializada desde el momento previo a la denuncia. Contar con asesoramiento legal ayuda a plantear correctamente la solicitud y aportar la prueba disponible.
Conclusión
Las órdenes de protección son una herramienta esencial de protección penal. Su finalidad no es castigar por adelantado, sino evitar que una situación de riesgo se agrave mientras se investiga un delito o después de una condena.
Para la víctima, pueden suponer una vía de protección inmediata. Para la persona investigada o condenada, implican una obligación estricta: no acercarse, no comunicarse, no acudir a los lugares prohibidos y, si así se ha acordado, no residir en determinados espacios. El incumplimiento puede tener consecuencias penales serias, incluso aunque exista consentimiento de la víctima o aunque el encuentro inicial haya sido casual.
En procedimientos de violencia de género, violencia doméstica, amenazas, lesiones, acoso o delitos contra la libertad sexual, es recomendable actuar con rapidez y asesoramiento especializado. Una orden mal planteada, mal entendida o mal cumplida puede tener consecuencias importantes para todas las partes.
Este artículo tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis jurídico de un caso concreto. Si necesitas solicitar, modificar, recurrir o defenderte frente a una orden de protección en Bilbao, Bizkaia o cualquier punto de Euskadi, conviene estudiar la resolución judicial, los hechos denunciados, la prueba disponible y la situación de riesgo.
En Lambda Estudio Jurídico podemos ayudarte a valorar tu caso desde una perspectiva penal y, cuando sea necesario, también familiar. Puedes contactar con nuestras abogadas en Bilbao para recibir asesoramiento jurídico adaptado a tu situación.
Fuentes consultadas
- Boletín Oficial del Estado. Código Penal, artículos 48, 57 y 468: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Boletín Oficial del Estado. Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 544 bis y 544 ter: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Boletín Oficial del Estado. Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, por la que se modifica, entre otros preceptos, el artículo 544 bis LECrim: Ley Orgánica 1/2026.
- Boletín Oficial del Estado. Código Civil, artículo 94: Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
- Consejo General del Poder Judicial. Datos anuales de violencia de género en Euskadi 2025: Las denuncias por violencia de género en el País Vasco aumentaron un 7,1 % en 2025.
- Consejo General del Poder Judicial. Doctrina del Tribunal Supremo sobre encuentros casuales y órdenes de alejamiento: El Tribunal Supremo fija que quien tiene en vigor una orden de alejamiento debe apartarse de su víctima.
- Eustat. Estadística de violencia contra las mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi: Estadística de violencia contra las mujeres.
- Ertzaintza. Información sobre violencia de género, violencia doméstica y sistema EBA: Violencia de género - Ertzaintza.
- Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Servicio ATENPRO: Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres.
